Por: Miguel Godos Curay
Universidad Nacional de Piura
La minería es una de las actividades productivas de mayor dinamismo a nivel mundial. Los precios de los minerales tocan el techo de las cotizaciones. Ganan las mineras, los estados aumentan sus recaudaciones tributarias y hay mayores redistribuciones de beneficios través del canon y derechos de vigencia. Sin embargo, persisten los conflictos y la desconfianza de las comunidades afectadas por la minería. Los comuneros no distinguen, por ejemplo, los derechos por el subsuelo inherente del Estado y los de la superficie que corresponden a las comunidades. Lo que no sucede en el derecho sajón en donde el dueño del suelo es propietario de los yacimientos mineros.
Los conflictos tienen un elevado costo económico para los gobiernos, los inversionistas y para los beneficiarios. Muchos recursos que pudieran aplicarse a atender las urgentes necesidades de poblaciones pobres se utilizan perversamente. Algo así como arrojar gasolina de 95 octanos a la hoguera de la controversia social.
¿COMO HAY QUE DIALOGAR?
Una alianza amable para el desarrollo de un proyecto minero que busca la licencia social de las poblaciones afectadas tiene que mover la credibilidad del Estado, la inversión y la población organizada. Un diálogo horizontal abierto en donde fluya la información sobre beneficios y riesgos entre las partes de tal manera que se cimiente la confianza, la paz y la estabilidad, necesaria para una correcta y oportuna decisión. Los actores involucrados en el diálogo tienen que entender que sin información no hay decisión.
Los beneficios económicos, por eso, tienen que expresarse en términos reales y en impactos visibles en la reactivación económica y el apalancamiento de la agricultura. Sin la mejora de las condiciones de vida los cambios que las comunidades anhelan no son posibles. Existe un gran temor frente a un Estado débil y disminuido ante las empresas mineras. La frondosa legislación vigente es perforada por el peso de los lubricados lobbys que buscan indulgencias tributarias y legales extendiendo la corrupción en los diversos niveles de decisión. Las instituciones del Estado que administran recursos como el petróleo, gas, madera y minerales no inspiran confianza y disfrutan de un desprestigio que aviva los conflictos.
¿EXISTEN ALTERNTIVAS FRENTE A LA INCERTIDUMBRE DE LOS COMUNEROS?
Frente a la incertidumbre de los comuneros ayabaquinos y huancabambinos una posibilidad de garantía para otorgar la licencia social está en el acudir a la Corporación Financiera Internacional (CFI) organismo del Banco Mundial fundado en 1956 como mecanismo de asesoría y consulta para una decisión responsable. La misión de la CFI es la de promover la inversión privada y pública en los países en desarrollo. Es también organismo consultor y asesor en estrategias para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas en forma ecológica y socialmente responsable.
Económicamente toda actividad productiva provoca: externalidades que son los beneficios o perjuicios que no tienen una valoración crematística pero que podrían tenerla. Externalidades positivas pueden ser, por ejemplo, la mejora de las condiciones de vida a través de la educación y buenos servicios básicos de salud. Externalidades negativas son la contaminación ambiental (la destrucción del paisaje, el aumento del ruido, el agotamiento de las fuentes de agua). Los efectos de la polución (inserción de residuos en el medio ambiente) que son temas ineludibles. Los beneficios tienen que expandirse a todos sin exclusión y los perjuicios atenuarse con la tecnología adecuada para que sus impactos no sean devastadores.
BENEFICIOS DE LA MINERIA EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
El Proyecto Minero Río Blanco que ejecuta Minera Majaz, conforme a los informes, invertirá 800 millones de dólares en su ejecución y la empresa está dispuesta a entregar 80 millones de dólares (240 millones de soles) a las comunidades de Yanta y de Segunda y Cajas ubicadas en la áreas en donde se realizará la explotación. El proyecto generará cinco mil empleos directos y siete mil indirectos durante la etapa de construcción y mil quinientos fijos durante los 30 años del proceso de producción del yacimiento de cobre y molibdeno. Se anuncia también la construcción de 200 kilómetros de carreteras y el pago anual de 65 millones de dólares en impuestos, canon y regalías.
Estos recursos correctamente administrados pueden aplicarse en la lucha contra la pobreza. El apalancamiento de la agricultura sostenible es decisivo. Por eso hay que brindar herramientas a los agricultores pobres para hacer frente a las externalidades negativas y sobretodo fortalecer a las organizaciones campesinas para que sus productos puedan llegar a los mercados y acceder a los beneficios del comercio sin la intermediación que merma sus beneficios. Actualmente por un quintal de papa (46 kilos) un campesino de Huancabamba no logra obtener dos dólares como beneficio.
INVERSIONES EN DESARROLLO HUMANO MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA
Hay que fomentar las pequeñas empresas y fondos rotatorios que manejados con transparencia puedan convertirse en oportunidades de progreso. Las experiencias enseñan que sin una buena gestión de los recursos financieros que son limitados no se producen resultados perdurables. Las inversiones en desarrollo humano mejoran la calidad de vida y estimulan el trabajo de instituciones transparentes y responsables, desarrollan capacidades humanas y aptitudes, para hacer lo correcto y usar los recursos disponibles en forma eficiente.
La inversión social sin populismo procura el buen gobierno. La lucha contra la corrupción es una tarea ineludible. Una amenaza para las comunidades pobres es la tentación del dispendio en el uso de los fondos obtenidos de la inversión minera por grupos de poder configurados en el seno de las propias organizaciones. Por eso necesario motivar la asociación de las organizaciones de la sociedad civil incluyendo al sector privado para una vigilancia del buen uso de los recursos.
OBJETIVOS DEL MILENIO UNA BUENA LINEA DE ACCION
Hay que entender que una buena gestión de recursos y un clima amable para la inversión repercuten en el bienestar de los ciudadanos. Existe una relación entre pobreza y desigualdad. A mayor corrupción se acentúa la desigualdad. Una buena gestión de gobierno y la rendición de cuentas, contribuyen a la expansión del desarrollo social. Dignifican a las personas.
Los Objetivos del Milenio (ODM) deben servir de horizonte para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias de la inversión. Estos se resumen en:
1. Erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
2. Mejora de la calidad de la educación acabar con el analfabetismo y lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. En los sectores rurales hay elevadas estadísticas de maltrato a la mujer en el ámbito de la familia, la escuela y en el reclutamiento para el trabajo doméstico en la ciudad.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental. Hay que proteger al medio ambiente de las prácticas culturales equivocadas que fomentan la deforestación, la pérdida de recursos, el abandono de tierras, la migración rural. Hay que mejorar el acceso al agua potable.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Es necesario abrir espacios para la cooperación internacional, el comercio justo y el financiamiento alternativo abierto, basado en equidad y prácticas no discriminatorias de acceso al crédito.
TRABAJO DIGNO Y PRODUCTIVO PARA LOS JOVENES
Debe procurarse trabajo digno y productivo para los jóvenes con el propósito de desalentar las formas sucias de acumulación derivadas de la delincuencia y el narcotráfico. Hoy el campo languidece y la migración crece. Por eso hay que crear oportunidades para mejorar el clima para la inversión rural con el fin de incrementar y diversificar la producción de artículos de alto valor en los mercados que generen ingresos a los agricultores.
Un diálogo sincero y sustantivo entre el Estado, los inversionistas y las comunidades sobre beneficios y riesgos y los procedimientos para su atenuación permitirán que la licencia social fluya junto a las estrategias de reducción de la pobreza. Una cartera de proyectos de desarrollo impulsados por las comunidades en los campos de educación, salud, medios de subsistencia y atención de grupos vulnerables. La Corporación Financiera Internacional (CFI) puede ayudar con su mediación y asesoría a que la confianza se convierta en una herramienta para enfrentar la pobreza. Incluso nos advierta cuando la atmósfera se enrarezca con el aire viciado de la falta de transparencia y la corrupción.
