El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú –IMP, ha observado con gran preocupación desde hace varios años, la oposición por parte de algunas poblaciones del país al desarrollo de nuevos proyectos mineros. En tal sentido, como organización que reúne a profesionales de distintas ramas de la ciencia vinculadas al sector, expresa lo siguiente:
1º Nos unimos a la preocupación de las comunidades, pueblos y ciudades que se ven afectadas por la contaminación del agua, la tierra y el medio ambiente en general, que es provocada por mineros informales, alejados de toda legalidad.
2º Actualmente la minería formal moderna y regulada, utiliza tecnología de punta y respete estándares internacionales de protección del medio ambiente, por lo que no contamina el agua que utilizan las poblaciones.
3º La actividad minera y la agricultura si pueden convivir juntas, como ocurren la actualidad en muchos lugares del planeta, gracia al uso de tecnología de última generación.
4º Según un estudio realizado por el IMP, respecto al “manejo del agua en la Actividad Minera del Perú, quedó demostrado que durante el desarrollo de sus labores para la producción de mineral, ya se manera subterránea y/o de tajo abierto, la minería genera 41.8% más de agua dulce subterránea que el agua superficial que consume. De igual forma, algunas empresas mineras en el Perú, han construido reservorios para almacenar aguas en época de lluvias, la que es entregada a los agricultores y poblaciones circundantes en tiempo de sequía. Así, minería y agricultura logran complementarse.
5º La experiencia ha demostrado, que si la riqueza minera no se explota de manera formal, moderna y regulada, esta situación es aprovechada por los informales quienes como viene ocurriendo en muchos lugares del país, al no usar tecnología que preserve el ecosistema, contaminan el agua y la tierra, con graves consecuencias no solo al ambiente en general, sino a ellos mismos, a sus esposas e hijos.
En concordancia con lo expuesto, el IMP reitera su preocupación por los conflictos que se vienen generando en circunstancias como, por ejemplo, las que ocurren la Región Arequipa en la que a junio del 2009, ya se ha generado un aporte de las empresas mineras del orden de los 585 millones por Derecho de Vigencia, Canon y Regalías, que benefician a las localidades aledañas a las operaciones mineras, sin haberse reportado mayores problemas de contaminación. Pese a ello, se registra una oposición a un proyecto con una inversión superior a los 390 millones de dólares, que de concretarse redundará a favor del desarrollo de esta pujante región.
En tal sentido, invoca al gobierno central, a los Gobiernos Regionales y Locales a que, en el ámbito de su competencia, proveen información actualizada del marco regulatorio de la actividad minera y su real impacto sobre el uso del agua, a los representantes de la sociedad civil y comunidades, en especial de las regiones involucradas con los nuevos proyectos mineros, con el fin de que no se priven de los beneficios de la importante riqueza minera del Perú, dentro de los principios del desarrollo sostenible e inclusivo.
Lima , octubre del 2009.
Consejo Directivo
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