La ampliación de la cuota de merluza de 8 600 toneladas a 14 500 para atender el
problema social que viven los pescadores de este recurso en Paita, se acordó ayer en una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros de Lima, que congregó al presidente regional, Javier Atkins; el alcalde de Paita, Profirio Meca y dirigentes pesqueros.
La reunión se realizó con la presencia de la vicepresidenta Marisol Espinoza; el ministro de la Producción, José Urquizo; el premier Óscar Valdez; la vicepresidenta Patricia Majluf y los congresistas por Piura, Freddy Sarmiento y Karla Shaefer.
Para Atkins, este acuerdo dejó contentos a todos, con excepción de la vicepresidenta Majluf, quien quería mantener las mismas reglas de juego para proteger el recurso merluza que se encuentra en etapa de recuperación, aunque los pescadores insisten en que la situación ha cambiado y señalan que ahora hay más biomasa.
También acordaron eliminar las multas por pesca juvenil, pero supervisarán con inspectores de Imarpe y en caso de excederse el porcentaje de especies juveniles –a determinar- se parará la pesca por cinco días.
Precisamente para verificar la situación actual del recurso, el próximo 2 de mayo se realizará una nueva prospección para evaluar el recurso y tomar una decisión.
Esta actividad se realizará con la participación de técnicos de Imarpe, de las empresas privadas y con apoyo de UNP y Universidad La Molina.Mientras tanto, el ministro de la Producción, Urquizo se ha comprometido a emitir una resolución ministerial en los próximos días para oficializar todos estos acuerdos tomados ayer.
Problema Social
Los pescadores dedicados a la extracción de la merluza y los empresarios pesqueros, habían expresado su malestar y efectuado una movilización pacífica en Paita, el pasado lunes 2 de abril en rechazo a la escasa cuota que el Ministerio de la Producción había autorizado.
Para ellos, la cuota de 8 600 toneladas era muy poco y por eso catalogaron la situación como un “cierre de la pesquería de la merluza”.
Esta situación los tenía desempleados desde hace siete meses, y sin dinero para afrontar los gastos económicos que demanda el inicio del año escolar.
(El Tiempo 10 de Abril del 2012)
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