Sostiene Cecilia Blume que: Con la concesión del terminal portuario de Paita se han generado denuncias que van desde favoritismo hasta corrupción. Esta concesión tiene detractores naturales, pues hay quienes creen que los puertos deben ser manejados por el Estado, lo que es esperable, pero de ahí a sostener sin pruebas que hay irregularidades en una concesión que ha recibido la conformidad previa de la Autoridad Portuaria Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ositrán, MEF y la contraloría parece demasiado.
Paita es un puerto con un único muelle tipo espigón de 1965, que no tiene grúas pórtico ni equipos para recibir barcos modernos, y cuyo patio de contenedores es pequeño, y la mercadería se guarda en almacenes extraportuarios que encarecen los costos. En otras palabras, es un puerto que necesita ser repotenciado para servir al comercio.
El consorcio ganador invertirá 232 millones de dólares, creará 150 nuevos empleos directos y contratará obligatoriamente a los 38 trabajadores que hoy trabajan para Enapu en el puerto, si ellos lo desean. La inversión servirá para ampliar el muelle, hacer trabajos de dragado para recibir buques Panamax y Post Panamax, comprar grúas y equipos, y ampliar el patio de contenedores. Luego de 30 años, esta nueva infraestructura revertirá al Estado. Además, como en cualquier negocio, el Estado recibirá el 30% por Impuesto a la Renta de la concesionaria y Paita percibirá el 2% a título de fondo social. Los costos para el usuario disminuirán, lo que aumentará la competitividad, y muchos barcos dejarán de usar los puertos ecuatorianos de Bolívar y Guayaquil, prefiriendo Paita.
Los cuestionamientos a la concesión son varios. Se sostiene que hay capitales chilenos en el consorcio ganador, sin que nadie lo haya demostrado, pues el consorcio está formado por dos grupos peruanos y uno portugués. Se dice que ha habido postor único, sin reparar que precalificaron tres postores y en la apertura de los sobres 2 y 3 se presentaron dos de los tres precalificados. Las decisiones sobre la concesión las tomó el Poder Ejecutivo, representado por los ministros de Pro Inversión. Todas las entidades públicas involucradas sostienen que la concesión de Paita es legal. ¿Entonces cuáles son los verdaderos intereses tras estas denuncias? (Ibidem El Comercio 15.09.09)
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